Nos encontramos en un momento de la historia en el que es necesario un replanteamiento del proyecto de convivencia de los distintos pueblos que forman el estado español. Los debates sobre financiación autonómica (pacto fiscal, cupo vasco…), reforma del senado o derecho de autodeterminación están a la orden del día en muchos lugares de España por distanciados que estén entre ellos.
Es necesario establecer criterios comunes que vayan más allá de la situación particular de cada autonomía y profundizar en el desarrollo de un estado social, participativo y solidario en el que se eviten las comparaciones odiosas y el enfrentamiento entre determinadas autonomías.
La Constitución de 1978 reconoce la existencia de nacionalidades y regiones, pero en su desarrollo no ha habido una distinción clara; lo que nos lleva a que un estado plurinacional (Catalunya, Euskadi…) y a la vez plurirregional, reconocido tanto social como culturalmente, no haya podido desarrollarse con una línea clara y una acción que, atendiendo a las sensibilidades de los pueblos que forman parte de él, lo que lleva a un desapego en muchas zonas del estado hacia el propio estado.
El estado de las Autonomías, doblemente centralista, ha puesto de manifiesto la incapacidad de desarrollo político y financiero de los Entes territoriales, lo que lleva en muchos casos a un doble colapso, muchas veces debido a la falta de sintonía entre los Gobiernos central y autonómico.
El primer cambio sustancial en el modelo de estado debería de ser, a mi entender, la forma de éste, monarquía Constitucional, y, por lo tanto hereditaria, a mi juicio un anacronismo heredado que impide que la voluntad popular sea representada por aquellos que realmente la tienen, el pueblo. Un régimen republicano con elección directa del presidente conllevaría muchas ventajas y pondría fin a la bula de la que dispone el Monarca y familia en casi todas sus actuaciones (fundamentalmente fiscal). Además de un plumazo se acabaría con el oscurantismo y los secretos “de estado” de la institución monárquica.
Una vez superado este primer escollo seria necesaria una redefinición del estado, con una reforma a fondo del senado que pasaría a ser una cámara de autentica representación autonómica, atribuyendo todas las competencias necesarias a las autonomías para que desarrollen su labor y, atendiendo a la multiculturalidad, a la diversidad lingüística, etc., en definitiva a la realidad plurinacional del estado, dándoles a éstas un techo competencial máximo.
Llegados a este punto, el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos que conforman España es fundamental, ya que puede cumplir una doble función; por un lado para respetar a aquellos que no quieren integrarse en un proyecto común (llámese federal, confederal o autonómico), y, por otra parte para encauzar la voluntad de confederalización de los pueblos del estado. Recordemos que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un derecho democrático fundamental, como solución para las realidades diferenciadas dentro de los Estados actuales y como expresión de la voluntad libre de los pueblos.
El nivel competencial en este modelo seria máximo para cada uno de los entes que lo conforman, y el estado únicamente seria el garante que aseguraría la eliminación de las desigualdades sociales, de los desequilibrios territoriales y del ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos/as.
En definitiva hemos de tender hacia un modelo asimétrico en el que las competencias de cada una de las autonomías vengan marcadas por la voluntad de la gente que las conforman, y , que estas sean asumidas con naturalidad por el resto de entes, siempre atendiendo a un modelo Republicano, plurinacional y solidario para no ahondar en la desafección en la que el modelo actual nos ha sumido, un modelo en el que el desequilibrio es norma y la desigualdad derecho.
Salut.
J.M.Segarra
